Medios de comunicación

DOSSIER

La Ley de Medios se aplica como Dios manda

A más de cinco años de aprobada la Ley de Servicios de Comunicación Audiviosual (LSCA), de idas y vueltas en la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín, el debate vuelve abrirse a partir de la entrega de 20 canales de Televisión Digital Abierta (TDA) a la Iglesia Católica Argentina. Opinan especialistas en medios: Martín Becerra, Natalia Vinelli y Santiago Gándara.

Sofía Pochit

@SofaPochi

Juan Manuel Astiazarán

@juanmastiazaran

Sábado 18 de abril de 2015 | Edición del día

Opinan los estudiantes de Sociales sobre los canales cedidos a la iglesia - YouTube

La entrega de señales a la Iglesia, un problema de ley

Según la resolución 240/2015, la Autoridad Asociación Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual -AFSCA- presidida por Martín Sabbatella le entregó a la Iglesia Católica los canales de televisión 27 de Bahía Blanca , 20 de Junín , 20 de Mar del Plata, 27 de Tandil , 27 de Catamarca, 30 de Presidencia Roque Sáenz Peña, 31 de Corrientes, 33 de Rosario, 34 de Villa María , 20 de San Rafael, 32 de San Juan y 27 de Rawson. Los canales asignados retransmitirán, en un principio, la señal de Orbe 21, el canal fundado por el Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires. El proyecto prevé que las diócesis que estén en condiciones económicas y técnicas, inserten algunos programas de producción local.

La cesión no hace más que responder a un principio rector de la propia ley de medios. En el Capítulo II - Régimen para la adjudicación de licencias y autorizaciones, artículo 37, dice que “El otorgamiento de autorizaciones para personas de existencia ideal de derecho público estatal, para universidades nacionales, Pueblos Originarios y para la Iglesia Católica se realiza a demanda y de manera directa, de acuerdo con la disponibilidad de espectro cuando fuera pertinente.” Por lo tanto, estas licencias quedan equiparadas a otras entidades del sector público, no concursan y tampoco tienen estipulado un plazo de vencimiento en sus frecuencias. Además, se permite a la Iglesia superar el límite de diez canales de televisión y el 35 % de cobertura en todo el país que rige para otros operadores.

No sólo es un hecho que está en las antípodas de la cualquier programa de democratización de la palabra, sino que forma parte de la política propapal del Gobierno Nacional, que seguramente tendrá un nuevo hito el 7 de junio cuando la presidenta se reúna con Francisco en los encriptados salones del Vaticano.

Negocios para todos y todas

La -ahora “Santa”- ley de medios, supo ser una bandera que el kirchnerismo tomó para reacomodarse luego de la crisis con las patronales agrarias en el 2008. El debate sobre la “batalla cultural” y la “democratización de las voces”, supo ser tapa de los diarios, noticieros, conversaciones entre amigos y discusiones en las principales universidades del país como la UBA, donde varios profesores fueron impulsores de la ley como el actual decano de Ciencias Sociales Glenn Postolski.

Sin embargo, el mapa actual de reorganización de los multimedios indica que la pelea “contra los monopolios” fue apenas una ilusión. La política de medios del gobierno apuntó a favorecer a emblemáticas productoras audiovisuales como Pensado Para Televisión (PPT) y La Corte Producción Audiovisual, en manos esta última del empresario -hasta ahora amigo- Cristóbal López.

A su vez, el empresario del juego adquirió de forma irregular Radio 10 y C5N, comprándoselas a Daniel Hadad por fuera de todo permiso legal. A esto se suma la aprobación en el Congreso del proyecto Argentina Digital, enviado por el Ejecutivo y votado en tiempo récord. Un regalo del gobierno a las corporaciones nacionales y multinacionales como Clarín, Telefónica, Telecom, DirecTV, y Claro, y abre un horizonte de negocios al mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Entre los ganadores, se encuentran los grupos telefónicos ya que la ley autoriza a las telefónicas a brindar el famoso “triple play”, posibilidad que incluso era negada en el texto de la ley de medios.

Medios alternativos e independientes: los eternos postergados

A más de 5 años de la sanción de la LSCA, la realidad de los medios que la ley contempla dentro del sector “sin fines de lucro” continúa encontrando muchísimos obstáculos para obtener las licencias.

En 2011, la AFSCA dictó las resoluciones 685 y 686 que llamaban al primer concurso público para la adjudicación de nuevas licencias de TDA. Este llamado, fue la primera muestra del nulo interés en que los medios comunitarios, alternativos y populares accedan a las licencias de TDA. De un total de 220 licencias, 110 eran destinadas al sector privado y 110 al sector sin fines de lucro. Pero solamente para presentarse en concurso, las organizaciones que quisieran participar debían comprar un pliego que partía de los $40.000 a los $140.000, dependiendo de su ubicación. A esto, debía sumarse una garantía del 150% sobre el valor del pliego comprado y la suma de $24.000 como alquiler mensual de la plataforma estatal de ARSAT.

A su vez, las señales de TDA que se pusieron en funcionamiento desde un primer momento con permisos en carácter “de experimentación” (es decir sin concursar siquiera), estuvieron a cargo de empresarios amigos del gobierno como Sergio Szposlki, Daniel Hadad, Cristóbal López, Electroingeniería o el canal Construir TV regalado a la burocracia aliada de UOCRA, dirigida por el espía de la dictadura Gerardo “Batallón 601” Martínez., Pero ninguna licencia se otorgó a los medios alternativos que vienen hace décadas funcionando.

En cuanto al financiamiento, es marcada la diferencia entre el sector privado y el sector “sin fines de lucro” con respecto a la transferencia periódica de recursos estatales. El artículo 97 de la LSCA establece que el 10% de los fondos recaudados por multas aplicadas a los medios comerciales se deben destinar a los proyectos comunitarios. Esta suma, durante el año 2014 representó menos del 1% de lo que otorga el Estado en concepto de “publicidad oficial”, destinada a las grandes corporaciones mediáticas como el Grupo Vila-Manzano o hasta el mismísimo Clarín.

En febrero de este año fue abierto el tercer llamado a concursos en 8 zonas del país. Aunque las exigencias son menores con respecto a los anteriores, impone un piso para los que se presentan de $25.000 para comprar el pliego -es decir, sólo para participar del concurso- y requisitos como la capacidad de producir 14 horas diarias de programación en lo que hace al concurso de baja potencia. Sin especificar cómo será el financiamiento para sustentarlo, mantiene una lógica comercial-empresarial que hace muy difícil no sólo la presentación sino el sostenimiento de la producción y transmisión de contenidos para los medios alternativos.

Y recordemos lo dicho más arriba: a la Iglesia Católica se le cedió 20 licencias de TV digital pero no le exigen tiempo de producción diaria ya que puede retransmitir sin objeciones lo que ya emite Orbe 21 desde Buenos Aires. ¿Democracia para quién?

Así las cosas, a 5 años de la sanción de la ley, sí se puede decir que hay más actores en el mapa de medios, estos son actores comerciales y no medios comunitarios.

Para pelear por una verdadera democratización de la palabra, es necesario cuestionar y atacar el problema de quienes detentan la propiedad de los medios de comunicación. No se puede combatir a los monopolios favoreciendo a otros monopolios como ha sido la política oficialista durante todos estos años.

Para pensar una verdadera democratización de la comunicación de masas es indispensable cambiar los parámetros que la rigen: despojarla de los parámetros comerciales y de su orientación de acuerdo a los intereses de los grandes empresarios, de los gobiernos y de la Iglesia Católica y reorganizarla al servicio de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Por ese horizonte peleamos quienes día a día construimos La Izquierda Diario.


Artículos y opiniones del Dossier:

Martín Becerra: La política no es la ley

Natalia Vinelli:“La Iglesia fue beneficiada históricamente por el Estado”

Satiago Gándara: “La iglesia está puesta con el mismo estatuto que la universidad”


Colaboraron con la edición de este dossier Lau Achiou, Pedro Scrouch, Ignacio Julián, Nicolás Vigarelli, Sofía Pochit y Juan Manuel Jardim.







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